Estado de Derechos

ESTADO DE DERECHOS

El Estado moderno, tal como lo concebimos en los albores del siglo XXI, se basa en el respeto a los derechos de sus integrantes. Y quizá la estructuración de ese respeto sea precisamente una de las asignaturas pendientes del propio sistema político que lo sustenta. Tal vez un buen sistema para plantearlo, al menos en teoría, sea la jerarquización de esos derechos.

Un somero vistazo a nuestro alrededor nos convencerá de que el sistema no responde a las expectativas de los ciudadanos. Nuestros derechos no están ordenados adecuadamente. Solo así se entiende que algunos ciudadanos vean, noche tras noche, como han de sufrir el ruido originado por otras personas que invocan su derecho a divertirse mientras les niegan el derecho al descanso. O que asistamos estupefactos a la salida de prisión de convictos condenados a miles de años en virtud de su derecho a no se sabe bien qué beneficios, aunque sigan siendo ?objetivamente- un peligro para la sociedad. O que sujetos detenidos decenas de veces sean dejados en libertad en espera de juicio para preservar su derecho a la libertad, aun a sabiendas que van a seguir atentando contra los derechos de los demás a la propiedad o incluso a la vida.

Si ordenáramos jerárquicamente esos derechos obtendríamos una escala muy útil para normatizar la vida en sociedad. Unos prevalecerían sobre otros y los conflictos de colisión de éstos se resolverían con facilidad. Así, en el ejemplo anterior, el derecho al descanso prevalecería sobre el de diversión y esto obligaría necesariamente a insonorizar los locales de ocio nocturno o trasladarlos a lugares no residenciales donde no podrían conculcar derecho alguno. Siempre me ha sorprendido la mansedumbre con que acatan los sufridos ciudadanos que no participan en ellas el que durante las fiestas de la ciudad se convulsione su cotidianidad y se conculque su derecho al descanso, a la recuperación, en el caso de los enfermos ?que los hay, incluso en fiestas-, a la libre circulación por la ciudad? y todo por el derecho a la diversión de un cierto porcentaje de la población. ¿Nadie piensa en ellos ni alza una voz en su favor?

La reciente ley de control del tabaquismo es, a mi modo de ver, un loable intento por ordenar precisamente estos derechos, haciendo prevalecer el de respirar aire limpio sobre el de inhalar un tóxico que se devuelve a la atmósfera, contaminando el entorno cercano al fumador y provocando la inhalación involuntaria de sustancias nocivas incluso en quien ha elegido consciente y voluntariamente ?a veces con gran esfuerzo personal- cuidar sus pulmones. Y estos argumentos se refuerzan especialmente cuando nos referimos a los niños. En estos casos sus derechos han de gozar de un plus de exigencia, y resultan aún más prioritarios que en el caso de los adultos. Es absolutamente intolerable que la salud de nuestros hijos se vea amenazada por el hábito tabáquico de sus mayores, y es una buena medida el prohibir que se fume en su presencia, al menos en lugares públicos. La experiencia enseña que no hay otra forma de protegerles.

Un reciente informe de la Unión Europea nos alerta acerca del alcohol: 115.000 europeos mueren cada año por su causa y se ha erigido como la principal causa de muerte en los jóvenes. La magnitud del problema nos afecta a todos, de una u otra manera: cada hogar europeo gasta al año 650 euros en bebidas alcohólicas. Y no tenemos más que mirar las estadísticas de tráfico los fines de semana para ver algunos de los estragos de esta tolerada droga sobre nuestra juventud. Un estudio acaba de alertarnos acerca de las razones del llamado botellón: El bajo precio de las bebidas alcohólicas, la posibilidad de mantener relaciones con sus semejantes en un espacio de libertad, sin ruidos y el controlar la calidad y cantidad de lo que beben, evitando posibles fraudes en los locales públicos. Volvamos pues a hablar de derechos. Y hagamos prevalecer el de protección frente a sustancias nocivas al de consumir libremente. No proponemos la ley seca, de ninguna manera. Hablamos de elevar precios de bebidas para hacerlas poco asequibles a los jóvenes, de limitar su accesibilidad con estrictas y vigiladas medidas, de prohibir la publicidad directa o subliminal, de evitar la asociación alcohol-diversión, de ofrecer alternativas imaginativas para la diversión de los jóvenes permitiendo sus relaciones en marcos libres de tóxicos y de reducir la aceptación social de esa sustancia.

Nuestras autoridades tienen mucho que decir a ese respecto, pero ha de ser la sociedad civil quien se conciencie de la necesidad de intervenir con energía y eficacia en un asunto que puede poner en peligro a toda una generación, que puede hacer tambalear el derecho de nuestros hijos a la salud, a la formación, al desarrollo, y, por ende, a su felicidad, y a la de esta sociedad, que somos todos.

Publicado Diario Información de Alicante 11-11-06